martes, 31 de octubre de 2017

BIEN HECHO


Los conflictos políticos generan incertidumbre económica de diferente índole, afectando en tiempo desigual a patrimonios, rentas y salarios.  La diferencia de percepción y por lo tanto de reacción ante un conflicto radica en parte en el tiempo percibido de impacto, y así, mientras un asalariado no tiene conciencia de una amenaza inmediata, lo que rebaja para él la gravedad del conflicto, el propietario de un patrimonio trata de hacer un inmediato balance de posibles consecuencias, y con sus decisiones afecta al curso del propio conflicto.

El crecimiento de la economía mundial en el último siglo, ha venido acompañado de un enorme crecimiento del patrimonio financiero,  con dos características diferenciales respecto al patrimonio secular basado en bienes raíces: volatilidad y movilidad. El cambio de sede social de empresas desde Cataluña es un ejemplo de respuesta inmediata ante la amenaza percibida de pérdida de valor, y  las cotizaciones bursátiles que responden con inmediatez al simple anuncio, una de sus manifestaciones más visibles.  Un clásico en el análisis de inversiones son los estudios que demuestran que frente a cualquier otra alternativa, la renta variable siempre ha conservado mejor el valor del patrimonio, a condición de estar suficientemente diversificado.  Los últimos 100 años son un buen campo de prueba. Un relato de este periodo destaca que “desde el inicio del siglo XX, el mundo ha presenciado al menos una docena de hiperinflaciones, 20 recesiones, casi 200 impagos de deuda soberana, dos crisis financieras mundiales y 12 mercados bajistas. El panorama geopolítico fue aún peor: siete pandemias mundiales, dos guerras mundiales, cientos de guerras civiles o regionales, más de 2.000 detonaciones nucleares, así como revoluciones comunistas tanto en los países más grandes como en los más poblados del mundo”. Ante un recuento de acontecimientos tan demoledor, el estudio indica que desde el año 1.900 el rendimiento de la acciones en EE.UU. ha sido de un promedio anual del 9,6%, un 4,6% de los bonos y un 3,5% de los activos inmobiliarios. Tres puntos porcentuales menos si consideramos la inflación. Ni tan mal, si no fuera porque cada parte no se representa ni mucho menos por el promedio del todo.  No es tan fácil, pero en tiempos en los que se siente la amenaza tan próxima ayuda a pasar la noche mejor. 

España está entre los países más endeudados del mundo, tanto  relativo a su tamaño, como en términos absolutos.  Entre los mayores destructores permanentes de patrimonio está el impago de deuda, jinete junto al que cabalgan los otros tres: inflación, guerras y revoluciones. La crisis de Cataluña es un acontecimiento que destruye valor –arriesga impagos y trae ecos de revolución- y eso pone en alerta a nuestros prestamistas. De cuanto dure y cómo se gestione el conflicto dependerá la profundidad de los daños, pero aceptando que pueda discutirse la distribución de responsabilidades de haber llegado hasta aquí, la decisión de los partidos del bloque constitucionalista  de recuperar la legalidad y llamar a elecciones es cuando menos un ejercicio de realismo que a la par que reconoce que la complejidad a la que se ha llegado en el proceso descentralizador lo hace difícilmente reversible, y por lo tanto no gestionable desde fuera de Cataluña,  trata de limitar el tiempo de los daños. Cataluña, como muchas otras comunidades autónomas, está mucho más cerca en su funcionamiento y estructura de un Estado independiente que de un territorio de descentralización administrativa, y eso tiene difícil vuelta atrás, de modo que en interés de todos, mejor sofocar pronto los amagos de incendio y sin perder más tiempo, ni mirar atrás, empujar hacia adelante.  En eso, y aunque sea poco, hasta lo que ha decidido el BCE, ayuda.

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