El Gobierno revolucionó un poco más el panorama bancario, ya revuelto, con la exigencia de más solvencia al sistema financiero en general, aunque con la vista en las Cajas. Formalmente: Transparencia, confianza, recuperar control. Una pena haberse empecinado tanto tiempo en “nosotros no”. En fin…
¿Qué implica para cada uno?, esa es la cuestión. La primera reflexión es que la vida va a ser sin duda más dura para el sistema financiero. He visto y leído demasiados análisis como para poder decir con algún grado de seguridad si los 20.000 millones son suficientes. En gran parte, -en casi toda- depende del valor –y posterior evolución- que quiera darse a los activos –sobre todo inmobiliarios- que el sistema tiene en sus balances. Aparentemente con estos 20.000 millones se completan, hasta 100.000 millones, las ayudas ya entregadas, y sobre todo las provisiones específicas y genéricas de las que tanto tiempo se ha presumido, que sin duda son buenas, pero desde anteayer ya queda oficialmente claro que no son suficientes.
¿Que ha de ocurrir? Las cajas/bancos precisan aumentar en 2011 su solvencia hasta un límite que el sistema financiero mundial no precisa hasta 2013. Esa solvencia ha de calcularse considerando las cifras del recién terminado 2010 y que habrán de presentar antes del 28 de febrero. Los que no lleguen al mínimo tienen que apañarse para conseguirlo antes de septiembre. Significa que han de mejorar su capital básico –en el que no sirven híbridos de capital- en relación a sus activos ponderados por riesgo. En principio, en esta merienda de normas y cifras, ya no habría lugar a manipular a partir de los datos que se den a finales de febrero, pues el análisis del capital preciso se hará sobre la foto de los activos de diciembre de 2010. Si la situación fuese esta, las entidades no tendrían por que entrar en una loca carrera de ajuste de activos, pues el ajuste solo puede hacerse elevando el capital básico o “core capital” como quiera llamársele. Significa esto, que mientras no aparezcan necesidades nuevas o trampas viejas en el sistema financiero, los procesos de negociación bancaria no habrían de verse más afectados que hasta ahora por esta norma. Cualquier proceso debería de tener como horizonte estar cerrado en septiembre. Simplemente porque si alguna de nuestras entidades están entonces en situación de ser intervenidas, las circunstancias a partir de ese momento pueden ser otras. Todo lo demás, no cambia. Hasta aquí lo bueno. Ahora lo malo.
Me lo advertía ayer un alto ejecutivo cuya compañía esta participada por Cajas. “Y no vendo a mi madre, porque no está entre las participadas”, le espetó un directivo de su Caja. Esa es la más seria amenaza que pende sobre muchas empresas que forman la cartera industrial de las Cajas. Las ventas están siendo generalizadas y el riesgo de caer en manos impropias es alto. Muchos buenos negocios se arriesgan a ser pasto de truhanes a la búsqueda de gangas que revender por partes. Es una derivada asoladora de lo que el Gobierno entiende como una medida de transparencia para reforzar al sistema financiero. Y es que llegar tarde y corriendo, nunca fue bueno.
¿Qué implica para cada uno?, esa es la cuestión. La primera reflexión es que la vida va a ser sin duda más dura para el sistema financiero. He visto y leído demasiados análisis como para poder decir con algún grado de seguridad si los 20.000 millones son suficientes. En gran parte, -en casi toda- depende del valor –y posterior evolución- que quiera darse a los activos –sobre todo inmobiliarios- que el sistema tiene en sus balances. Aparentemente con estos 20.000 millones se completan, hasta 100.000 millones, las ayudas ya entregadas, y sobre todo las provisiones específicas y genéricas de las que tanto tiempo se ha presumido, que sin duda son buenas, pero desde anteayer ya queda oficialmente claro que no son suficientes.
¿Que ha de ocurrir? Las cajas/bancos precisan aumentar en 2011 su solvencia hasta un límite que el sistema financiero mundial no precisa hasta 2013. Esa solvencia ha de calcularse considerando las cifras del recién terminado 2010 y que habrán de presentar antes del 28 de febrero. Los que no lleguen al mínimo tienen que apañarse para conseguirlo antes de septiembre. Significa que han de mejorar su capital básico –en el que no sirven híbridos de capital- en relación a sus activos ponderados por riesgo. En principio, en esta merienda de normas y cifras, ya no habría lugar a manipular a partir de los datos que se den a finales de febrero, pues el análisis del capital preciso se hará sobre la foto de los activos de diciembre de 2010. Si la situación fuese esta, las entidades no tendrían por que entrar en una loca carrera de ajuste de activos, pues el ajuste solo puede hacerse elevando el capital básico o “core capital” como quiera llamársele. Significa esto, que mientras no aparezcan necesidades nuevas o trampas viejas en el sistema financiero, los procesos de negociación bancaria no habrían de verse más afectados que hasta ahora por esta norma. Cualquier proceso debería de tener como horizonte estar cerrado en septiembre. Simplemente porque si alguna de nuestras entidades están entonces en situación de ser intervenidas, las circunstancias a partir de ese momento pueden ser otras. Todo lo demás, no cambia. Hasta aquí lo bueno. Ahora lo malo.
Me lo advertía ayer un alto ejecutivo cuya compañía esta participada por Cajas. “Y no vendo a mi madre, porque no está entre las participadas”, le espetó un directivo de su Caja. Esa es la más seria amenaza que pende sobre muchas empresas que forman la cartera industrial de las Cajas. Las ventas están siendo generalizadas y el riesgo de caer en manos impropias es alto. Muchos buenos negocios se arriesgan a ser pasto de truhanes a la búsqueda de gangas que revender por partes. Es una derivada asoladora de lo que el Gobierno entiende como una medida de transparencia para reforzar al sistema financiero. Y es que llegar tarde y corriendo, nunca fue bueno.