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martes, 31 de octubre de 2017

BIEN HECHO


Los conflictos políticos generan incertidumbre económica de diferente índole, afectando en tiempo desigual a patrimonios, rentas y salarios.  La diferencia de percepción y por lo tanto de reacción ante un conflicto radica en parte en el tiempo percibido de impacto, y así, mientras un asalariado no tiene conciencia de una amenaza inmediata, lo que rebaja para él la gravedad del conflicto, el propietario de un patrimonio trata de hacer un inmediato balance de posibles consecuencias, y con sus decisiones afecta al curso del propio conflicto.

El crecimiento de la economía mundial en el último siglo, ha venido acompañado de un enorme crecimiento del patrimonio financiero,  con dos características diferenciales respecto al patrimonio secular basado en bienes raíces: volatilidad y movilidad. El cambio de sede social de empresas desde Cataluña es un ejemplo de respuesta inmediata ante la amenaza percibida de pérdida de valor, y  las cotizaciones bursátiles que responden con inmediatez al simple anuncio, una de sus manifestaciones más visibles.  Un clásico en el análisis de inversiones son los estudios que demuestran que frente a cualquier otra alternativa, la renta variable siempre ha conservado mejor el valor del patrimonio, a condición de estar suficientemente diversificado.  Los últimos 100 años son un buen campo de prueba. Un relato de este periodo destaca que “desde el inicio del siglo XX, el mundo ha presenciado al menos una docena de hiperinflaciones, 20 recesiones, casi 200 impagos de deuda soberana, dos crisis financieras mundiales y 12 mercados bajistas. El panorama geopolítico fue aún peor: siete pandemias mundiales, dos guerras mundiales, cientos de guerras civiles o regionales, más de 2.000 detonaciones nucleares, así como revoluciones comunistas tanto en los países más grandes como en los más poblados del mundo”. Ante un recuento de acontecimientos tan demoledor, el estudio indica que desde el año 1.900 el rendimiento de la acciones en EE.UU. ha sido de un promedio anual del 9,6%, un 4,6% de los bonos y un 3,5% de los activos inmobiliarios. Tres puntos porcentuales menos si consideramos la inflación. Ni tan mal, si no fuera porque cada parte no se representa ni mucho menos por el promedio del todo.  No es tan fácil, pero en tiempos en los que se siente la amenaza tan próxima ayuda a pasar la noche mejor. 

España está entre los países más endeudados del mundo, tanto  relativo a su tamaño, como en términos absolutos.  Entre los mayores destructores permanentes de patrimonio está el impago de deuda, jinete junto al que cabalgan los otros tres: inflación, guerras y revoluciones. La crisis de Cataluña es un acontecimiento que destruye valor –arriesga impagos y trae ecos de revolución- y eso pone en alerta a nuestros prestamistas. De cuanto dure y cómo se gestione el conflicto dependerá la profundidad de los daños, pero aceptando que pueda discutirse la distribución de responsabilidades de haber llegado hasta aquí, la decisión de los partidos del bloque constitucionalista  de recuperar la legalidad y llamar a elecciones es cuando menos un ejercicio de realismo que a la par que reconoce que la complejidad a la que se ha llegado en el proceso descentralizador lo hace difícilmente reversible, y por lo tanto no gestionable desde fuera de Cataluña,  trata de limitar el tiempo de los daños. Cataluña, como muchas otras comunidades autónomas, está mucho más cerca en su funcionamiento y estructura de un Estado independiente que de un territorio de descentralización administrativa, y eso tiene difícil vuelta atrás, de modo que en interés de todos, mejor sofocar pronto los amagos de incendio y sin perder más tiempo, ni mirar atrás, empujar hacia adelante.  En eso, y aunque sea poco, hasta lo que ha decidido el BCE, ayuda.

n  Los grandes bancos temen la tensión que puede generar la intervención del gobierno en Cataluña
n  El BCE rotundo: niega estar comprando más deuda española a consecuencia del conflicto en Cataluña
n  A la espera del probable relevo en la Presidencia de la FED, el BCE encara una renovación casi total



lunes, 9 de octubre de 2017

UNA CRISIS, DIFERENTES PLANOS

El Bono del Tesoro español a 10 años registró en la primera semana tras el referéndum en Cataluña un alza de 12 puntos básicos, apenas nada si hubiésemos de valorar por esto el grado de preocupación del mercado. Para algunos gestores, el nivel de confianza en España es tal, que según uno de los Directores de BlackRock, esto ofrece la oportunidad de comprar algo más barato “el mejor relato de Europa”, y así parece que se comportaron.  



Que The Economist lleve esta semana el caso catalán a su portada europea bajo el título “Punto muerto: Como salvar España” parece situar la crisis en dos planos bien diferentes, uno de extrema gravedad institucional y otro de muy leve impacto en los mercados financieros que se resisten –por ahora-  a creer que sea posible que se repitan episodios como los de Eslovaquia en 1993, Montenegro en 2006 o Kosovo en 2008, con las diferencias evidentes de importancia y tamaño que supone una crisis de este tipo en una de las grandes economías de la eurozona. “Es un problema local, que afecta a bancos locales y activos locales que pueden verse algo afectados, pero no es una amenaza para el euro” decía el viernes el estratega jefe de JP Morgan. Mientras, EPRF Global, una compañía que registra movimientos de capitales señalaba que en la semana hasta el 4 de octubre, se había registrado la mayor salida de capitales de fondos destinados a valores españoles en más de tres años. A su vez, algunas gestoras españolas relataban que al final de la semana se había producido una avalancha de apertura de cuentas como no habían conocido.


Es evidente que la crisis está actuando en diferentes planos y que incluso en los mercados financieros las percepciones difieren entre los ahorradores domésticos y los internacionales, lo que nos anuncia que estamos lejos de que los mercados hayan recogido en sus cotizaciones el impacto más agudo de la crisis. Aunque no puede juzgarse más que por indicios, a nadie debería de sorprender que haya sido la retirada de fondos de Banco Sabadell y Caixabank la que finalmente haya llevado a las dos entidades a anunciar un cambio de domicilio social, que de otro modo podía conducir a una crisis de liquidez como la padecida por el Banco Popular.  Está por escribir la historia de los últimos meses de la crisis que desencadenó la desaparición del Popular, pero en sus últimas fases vino fundamentalmente provocada por conflictos de interés entre accionistas, culminando con una decisión política en la que el MUR no tuvo otro papel que el de mero aceptante de lo que se decidió desde el Gobierno español.  La peculiar resolución de la crisis bancaria italiana y el supuesto rescate encubierto de un gran banco alemán, dejaban el camino expedito para que la crisis del Popular tuviese una solución aceptable políticamente.  Incapaz de digerir bocados del tamaño de los dos bancos catalanes, su cambio de sede aleja el temor a una crisis bancaria para la que nadie está ni remotamente preparado.  

Ha sido mucho lo que hemos aprendido de crisis bancarias en la última década como para saber diferenciar los distintos niveles de riesgo que cada uno soporta en función de donde y en que instrumento deposita sus ahorros, pero a pesar de mayor y más compleja regulación, la desconfianza en las autoridades políticas por su discrecionalidad a la hora de aplicar e interpretar las leyes se manifiesta con tal rapidez, que lo que se inicia como una crisis institucional con un moderado impacto financiero, muta velozmente en una crisis bancaria de graves consecuencias. La crisis territorial española es de muy compleja solución y hay que tener una enorme fe, quizá en la frontera de la insensatez, para retirase a dormir cada día con la confianza de que será el sistema el que nos proteja. Pruebas hay suficientes de lo contrario.

lunes, 18 de septiembre de 2017

DE CARTÓN PIEDRA

Adentrándonos cada día un poco más en el ojo del huracán que amenaza casi todo lo que hemos conocido en España en los últimos 40 años, sorprende que en los mercados financieros el asunto esté tan atrás en repercusión. Para cualquiera que se salte la sección de política de los diarios, diríase que no existe. Y sin embargo, es un territorio absolutamente inexplorado para la sociedad española, y que a diferencia de otros hechos que afectan a unos grupos más que a otros, el conflicto que protagonizan el gobierno autonómico de Cataluña y el gobierno central es visto con perplejidad, incredulidad y con preocupación por todos los ciudadanos. Parece cosa que han de resolver políticos, y sin embargo, todos los indicios apuntan a que en España se ha abierto una brecha que veremos si se puede volver cerrar.


Siempre es igual, todo parece imposible hasta que sucede. De eso ya hemos visto bastante en la última década en lo económico, pero  mucho más en lo político desde el final de la Guerra Fría, de modo que cuando por principal argumento se dice que Europa no reconocerá una república catalana, o se pretende que interviniendo las cuentas autonómicas con la excusa de que no hay que gastar dinero en un acto ilegal, se reconducirán las diferencias, uno siente vergüenza de su propio país y de la incapacidad de encontrar un modo más inteligente de resolver lo que algunos percibimos como la mayor amenaza que la sociedad española ha tenido que afrontar en décadas.  Sin embargo, véase la prima de riesgo o la renta variable, tan sensibles en su momento a los avatares de la política griega, pero tan inmutables ante una fractura política que ya es social. Ojalá nos equivoquemos, pero la factura que se nos extienda por esto será cara, porque aun saliendo bien, nadie puede salir con bien.  Si a estas alturas, todo lo que tenemos es la declaración institucional del Círculo de Empresarios, que habla de conducir a la sociedad catalana -¿y al resto?- a un auténtico precipicio, no hace falta ser ningún alarmado pesimista para pronosticar que estamos muy lejos de estar preparados para las consecuencias de un huracán como el que se ha desatado. Aún cómo mal menor ¿qué puede esperarse de unas elecciones autonómicas? ¿un gobierno burgués? Asumiendo que no hay un proceso de independencia inmediato, en Cataluña se instalará un gobierno de extrema izquierda e independentista, que tendrá enfrente a los mismos que son considerados por muchos culpables de la tensión. ¿No va eso a alterar un músculo de la cara del euro? ¿no va a espantar al capital exterior? ¿no va a encarecer la factura por intereses? ¿no va a dificultar todavía más la convivencia y la seguridad jurídica para hacer negocios? ¿no va alentar más independentismo? El euro no habría de ser ajeno a una crisis de soberanía tan importante en su seno, porque el euro es fundamentalmente la representación de la mayor cesión de soberanía de la historia europea, y si se ha visto amenazado es precisamente por el interés de los Estados en retener soberanía. Pero doctores tiene la Iglesia y también los mercados son soberanos, de modo que no somos los que vayamos a quejarnos de su cara de cartón piedra, porque ya tendremos tiempo de lamentarlo.


Mientras, esta semana, nos entretendremos con la FED, y el más que probable inicio de la retirada de liquidez, que comenzará con la no renovación de las compras de títulos a su vencimiento. No crea que está muy claro el tiempo que llevará el proceso, porque es algo que depende también de cómo se comporte el mercado, porque cuando tienes el equivalente al 30% del PIB en papel en el balance más vale que te muevas con cuidado. No le cuento si además no se sabe quién estará al mando.  Razón de más para que la suerte nos bendiga con un segundo mandato de la actual presidenta.   


n  Primera encuesta sobre el referéndum catalán: Participación del 64% con un 42% a favor y un 38% en contra
n  Cataluña: Cuatro años seguidos de inversión extranjera al alza  y dos tercios de su deuda, con el Estado