EL DIVIDENDO DEL RIGOR

Ya tenemos resultado electoral. Podemos felicitarnos de haber cumplido sin incidentes con el principal rito de la democracia. Ahora empieza un tiempo nuevo. El Partido Popular tiene lo que había pedido, una mayoría con la que podrá transformar España. Pero para el análisis político no es este el espacio. Un servidor, bastante tiene con lo suyo, con referirme lo económico. 

Decía el saliente Presidente Zapatero en un mitin en Soria el pasado jueves, que la UE y el BCE tenían que dar una solución “inmediata” a los problemas de España. Bueno, realmente hablaba de Europa, pero todos entendíamos que se refería, no a los problemas de Europa sino, a los que provoca a Europa la situación de España. Sin embargo, aunque en Europa y sobre Europa hay mucho que hablar y resolver, la vertiente europea del problema es una de las dos caras de la moneda. Para nosotros, como españoles, la parte fundamental del problema es la que nosotros podemos resolver, de modo que mientras nosotros habremos de trabajar en nuestra parte, en el contenido, dejemos que Europa, y nosotros como parte de Europa, trabajen sobre el continente.

El país que habrá de gobernar Rajoy, es un país zombi en lo económico. Funciona con la inercia que le resta de los momentos en que disfrutó de vida, y desde que empezó la crisis apenas ha tenido arrebatos de actividad a consecuencia de estímulos externos. Primero fue el Plan E. Después la demanda exterior, en su doble vertiente, la exportadora industrial, y la exportadora turística. Todo ello aderezado con un poco de Plan Renove automovilístico, y para de contar. Muy poco en reformas, casi nada en inversión, y bastante en recortes.

Eso significa que el misterioso Rajoy, ese político al que el semanario alemán DER SPIEGEL definía hace unos días como “el hombre al que no le gusta discutir los asuntos hasta que entiende completamente todos los detalles”, tiene mucho trabajo que hacer. Realmente tiene que trasformar el país. Sin embargo, carece de algo que para un Presidente electo, es muy preciado: carece de tiempo. No existen 100 días de cortesía. Cada día que pasa es un día en el que el coste medio de la deuda, en un país con el nivel de deuda (publica y privada) entre los más altos del mundo, sube y sube, consumiendo más recursos de los que podemos generar y nos obliga entonces a hacer más y más recortes hasta límites no respirables, solo para poder igualar gastos corrientes con ingresos corrientes, es decir, para colocar las cuentas públicas en equilibrio en su balance fiscal primario. Con un crecimiento nominal del PIB que apenas supera la inflación y que podemos cifrar entre el 2 y el 3% en el caso más favorable, con un coste medio de la deuda del 3.8% y subiendo a gran velocidad, solo nos salva el tener una deuda pública inferior al promedio europeo. Si esta continua creciendo, nuestras posibilidades de eludir la ayuda internacional, que aun así son bajas, serías nulas. La reforma del sector público, en búsqueda de la estabilidad presupuestaria, será la primera gran actuación que tenga que enfrentar el nuevo gobierno.  

Como consecuencia, la España de Rajoy, lo va a pasar muy mal durante largo tiempo. Uno o dos años como mínimo. Su gobierno va a tener que aplicar una política de recortes como no hemos conocido, una política que va a atender a la reducción al máximo del gasto corriente y a proteger en lo que sea posible la inversión, sobre todo la privada. Un euro de gasto corriente es menos de un euro en PIB. Un euro de inversión, es más de un euro en PIB. Y cada euro, cuenta. Esta será la esencia de la política de Rajoy.
Pero ¿cómo favorecer la inversión? Mediante lo que los economistas denominamos políticas de oferta. Se trata de eliminar impedimentos para que la actividad económica privada florezca. Fuera barreras a los emprendedores, fuera regulaciones que limitan la unidad de mercado, fuera burocracia. Tres son las grandes reformas que el Gobierno Rajoy tendrá que abordar: la del sector financiero, la del sector público y la del mercado de trabajo. La del sector público es de las tres la que puede dar resultados más a corto plazo, pero también la que más notarán los ciudadanos. Una política de estabilidad presupuestaria es hoy básicamente una política de recorte del gasto público, pero que no puede conformarse con eliminar el gasto más o menos suntuario, sino que tendrá que llegar hasta la propia organización del Estado, en particular en lo que atañe a la administración local y autonómica, que supone el 50% del gasto público. Ordenar el gasto reportará inconvenientes. Se traducirá inmediatamente en una caída de empleo público y de la actividad económica. Pero tendrá como consecuencia liberar recursos para la economía privada. Nuestros acreedores asumirán que al ser más austeros, mejoraremos nuestra capacidad de repago, y las ventas de deuda pública española que ahora amenazan con arrojarnos del mercado, podrán moderarse, y eso permitirá bajar la cuenta a pagar en intereses. Será algo parecido al dividendo del rigor. 

Junto a la reforma del sector público, la reforma del sistema financiero. Ha hecho mucho hincapié el PP en la necesidad de finalizar con carácter de urgencia la reforma del sector financiero. No depende de la voluntad de un gobierno el que el sector financiero reanude una política crediticia que ahora está congelada. De hecho, la crisis española, como la de otros países en nuestra situación, es consecuencia del exceso de endeudamiento, de modo que no cabe esperar que sea a través del crédito la forma en la que se recupere la inversión que habrá de favorecer la creación de empleo. Sin embargo, la sospecha que pesa sobre los balances del sector financiero y por lo tanto sobre su solvencia, exigen de una política de trasparencia basada no en la flagelación, sino en la transparencia. No necesitamos ser más solventes que nadie. Necesitamos ser igual de creíbles. No será mediante un crecimiento del crédito como se recuperará la economía, pero tiene que estar el sistema financiero en disposición de sumarse a un circulo virtuoso que liderado por el sector público, permita liberar recursos para el sector privado y al que se sume lo antes posible el sector financiero. La reforma laboral, tiene un papel sustancial. El ahorro se convertirá en inversión y la inversión en empleo si el mercado de trabajo se moderniza para adecuarse a la globalización. Un mercado de trabajo regulado de forma eficiente puede disminuir la tasa de desempleo entre cuatro y cinco puntos. Esa diferencia situaría a España en una posición absolutamente distinta a la que tenemos en este momento.

En resumen, el nuevo gobierno tiene una enorme tarea que abordar. La confianza que necesita para revertir el círculo vicioso en virtuoso no la va a encontrar gratis, va a tener que ganársela. Tendrá que empezar por lo más doloroso, pero tiene la obligación de acertar en los recortes. España tiene que mantener la libertad de gestionar su propia salida de la crisis, y evitar caer en la intervención. Estamos al límite, y eso exige el esfuerzo de toda la sociedad. Bien repartido, efectuado de forma ordenada y atendiendo al bien general, tiene que ser suficiente. El tiempo para hacerlo acaba de comenzar.