Estamos en pleno proceso de cierre
del esquema de reestructuración del sistema financiero español. Es un proceso
que todos coincidimos en señalar como esencial, pues entre los múltiples papeles
que tiene asignados el sistema financiero es la creación de dinero y su
posterior distribución a la economía productiva el que, en este instante, más
se precisa. Y es que con el sistema financiero paralizado, y es en estos
términos en los que hay que hablar cuando, como ha sido en el caso español, el
crédito ha descendido en el último año en 80.000 millones de euros, cifra
equivalente al 8% del PIB, y con el Gobierno ejecutando una política de ajuste
fiscal equivalente a otro 6% del PIB, no hay estructura económica y social que
sea capaz de soportar semejante envite sin las consecuencias que los indicadores
de la economía española dejan a la vista.
Podemos hablar de cierre, porque el
esquema diseñado desde el Gobierno basado por una parte en la concentración y
recapitalización de entidades y en la segregación de los activos tóxicos al
SAREB, que es el nombre que recibe el banco malo, por la otra, afronta su fase
final en este mes de diciembre. Es además el mes donde la Unión Europea inicia la
transferencia a España del primer tramo de ayuda que acabará en forma de capital
en las entidades del grupo en peor situación, integrado por Bankia, Banco de
Valencia (capitalizado con 7.000 millones y entregado a Caixabank por un euro,
más un esquema de protección) , Catalunya Caixa y NovaCaixaGalicia. Además de
lo que se ha preparado para las entidades mencionadas, a las que se han puesto
condiciones muy estrictas en relación a su futuro tamaño, todavía cabe que
puedan darse posteriores concentraciones entre los bancos de los otros dos
grupos en los que se clasificó a las entidades españolas tras los resultados de
la última auditoría de la consultora Oliver
Wayman. Es en huir de su adquisición por otra entidad la clave
en la que hay que entender la operación de ampliación de capital que acaba de
culminar el Banco Popular. Pero más allá de ulteriores concentraciones, bien
podemos decir que desde el punto de vista institucional el panorama financiero
español queda ya dibujado, y lo hace con pretensión de
perdurabilidad.
Dicho esto, que no es poco, algunas
incógnitas quedan ya despejadas. Otras que no lo quedan, y a falta de definirse
algunos aspectos de extrema importancia que empezarán a dibujarse cuando la
semana próxima el banco malo se constituya formalmente, -es el caso de las
valoraciones y cuantías de activos tóxicos que le van a ser transferidos- ,
exigen de la interpretación del analista. Algunas son de sencilla y desagradable
respuesta, como por ejemplo quién va a pagar la factura del rescate bancario
europeo. Esto es sencillo: nosotros, los ciudadanos. Otra pregunta de respuesta
sencilla y también desagradable es si va a recuperarse el crédito. Desde luego
no entre las entidades intervenidas. Las demás, cuando empiecen a sentirse
libres de sus activos más tóxicos cabría pensar que si, que al menos estarían en
condiciones. Pero dos advertencias en esto. La primera, es que están aterradas
por como está la economía.
La segunda es que tienen que reinventar su forma de hacer
banca, que ya no podrá apoyarse en inmuebles. Y esto no se reinventa en dos
días. La tercera pregunta que tiene básica respuesta es si nos está saliendo más
o menos caro que a los demás países que hicieron algo semejante,
-afortunadamente para ellos a tiempo-. La respuesta es un poco más agradable,
porque la estimación del coste para los ciudadanos españoles de la refundación
del sistema financiero español nos costará una cifra del entorno del 8% del PIB,
mucho menos que el 35% que costó a los irlandeses, y en línea con lo que costó a
ingleses y holandeses, aunque menos que el 12% que Alemania empleó en salvar a
sus bancos. Y ojo porque en Alemania aún queda mucho por recapitalizar, de modo
que se entiende que tampoco haya estado precisamente entusiasmado con prestar
dinero a nadie.
